Congreso17.06.2017
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El Gobierno empieza la campaña en el Congreso con leyes sobre inseguridad y corrupción
LPOEl miércoles sancionará la ley de víctimas y el 28 límites a excarcelaciones. Y chocará a los K con Odebrecht.

Cambiemos sigue dispuesto a diferenciarse de las agendas políticas clásicas: buscó cerrar el Congreso en los primeros meses de un año electoral y está armando una agenda intensa en plena época de cierre de listas.

El temario será con los tópicos del discurso del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, la batalla más importante de las elecciones legislativas: el combate contra la inseguridad y la corrupción.

El miércoles, a tres días de oficializarse las candidaturas, los diputados de Cambiemos llamaron a una sesión con un único proyecto: la ley para proteger a la víctimas, empujada por Sergio Massa el año pasado en la Cámara baja y devuelta por los senadores con correcciones hace unas semanas.

El tigrense había convocado a una sesión para tratarla al jueves junto a un repudio a la quita de pensiones a discapacitados, pero el oficialismo lo obligará a ir un día antes.

Siete días después, el miércoles 28, cuando aún resuenen las "impugnaciones y tachas" posteriores a cada presentación de listas, Cambiemos volverá a sesionar en Diputados para tratar la eliminación de las excarcelaciones a delitos graves, la ley de subrogancias y la de responsabilidad penal para personas jurídicas.

Será una sesión de campaña, guionada desde la Casa Rosada para repartir ataques al kirchnerismo y al Frente Renovador.

Massa no hizo mucho para evitarlo: en su afán de sumar a la izquierda y al progresismo, en su pedido de sesión para el jueves no incluyó los límites a las excarcelaciones, aun cuando el proyecto original fue impulsado por su diputada Mónica Litza.

Seis días después deberá interrumpir su campaña para ir a su banca a reclamar autoría y si no aparece, en Cambiemos y en el FpV-PJ guardan una estadística con su alto ausentismo en votaciones. Cosas de la grieta.

Como relató a LPO, los senadores de todos los bloques suavizaron las restricciones a las excarcelaciones pese a la presión de Patricia Bullrich para sancionarla de inmediato.

La ministra se los había pedido ni bien se conoció la muerte de Micaela García, la joven de Gualeguaychú asesinada por Sebastián Wranger, condenado por violación y beneficiado por libertad condicional.

"Podemos perder votos por errores no forzados pero nunca por no combatir el delito", fue la frase que se oyó en el Congreso, luego de las puebladas en el conurbano por la sucesión de delitos.

Para mostrarse activos, ya reclutaron a Carolina Píparo, la platense recordada por ser víctima de un disparo cuando estaba embarazada en 2010 y posible candidata a diputada de Cambiemos. Hace meses que va al Congreso todas las semanas.

Corrupción, el eje de la campaña contra Cristina 

La inseguridad volvió a ser una de las principales preocupaciones de la gente en la provincia de Buenos Aires y el dato tampoco escapó al bunker de Cristina Kirchner, que sumó al tema a su discurso de campaña del martes en Sarandi.

La ex presidenta hablará también de desocupación pero no de corrupción, como si hará Cambiemos cuando la campaña ya esté en marcha. 

Un proyecto que se tratará el miércoles y permitirá adentrarse en los casos de manipulación judicial será el nuevo régimen de subrogancias judiciales, que cubre un vacío legal que le permitió al kirchnerismo ocupar juzgados con magistrados afines y monitorear de cerca las causas.

El artífice de haber logrado dictamen es el radical cordobés Diego Mestre, presidente de la Comisión de Justicia y tal vez el único miembro del bloque Cambiemos con aprietos en el cierre de listas, porque su hermano, el intendente de la capital cordobesa Ramón Mestre, no logra colarlo en la lista de diputados. 

Pero el debate por la corrupción se concentrará en la ley de responsabilidad penal para personas jurídicas, un viejo reclamo de la Ocde que derivó en un proyecto de ley presentado en octubre en Diputados y dictaminado recién el jueves pasado y en minoría.

Laura Alonso y Germán Garavano lo habían congelado para estudiar cómo sumarle algún resquicio que permita confesar a los empresarios de Odebrecht a quién le pagaron coimas en Argentina.

El dictamen del proyecto, que prevé multas y quita de personaría jurídicas a empresas corruptas, sumó una vía administrativa para que declaren ejecutivos por causas en trámite ante dos funcionarios de confianza de Macri: el procurador del tesoro, Bernardo Saravia Frías y el titular de la Sigen, Ignacio Rial.

La sesión será un duelo intenso entre macristas y kirchneristas, con Julio De Vido sentado en su banca o recorriendo los pasillos, como es habitual.

El kirchnerismo fue el único bloque que no participó de los debates de esta ley ya respondió en Tribunales: el diputado Rodolfo Tahilade denunció penalmente a Macri, Garavano y Alonso por "posible comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, usurpación de autoridad, títulos u honores, encubrimiento agravado y abuso de autoridad".

Los acusa de inmiscuirse en la causa Odebrecht para garantizar impunidad para Macri y su primo Angelo Calcaterra, ex dueño de Iecsa, socia de la compañía brasileña en el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Habrá una larga sesión para repasar esos asuntos. Y en plena campaña. 

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