Senado
Con un cruce por los derechos humanos, la procuradora de Macri superó la audiencia del Senado
La candidata a jefe de los fiscales reclamó competencia sobre la incautación de bienes de corruptos.

La candidata a procuradora General de la Nación, Inés Weinberg de Roca, superó este martes sin grandes inconvenientes la primera de al menos dos audiencias que deberá enfrentar en el Senado, antes que el cuerpo se aboque a tratar su pliegos.

El único momento de tensión fue cuando el kirchnerismo la cuestionó por una antigua declaración periodística suya sobre la dictadura, pero que superó sin mayores inconvenientes. Acaso lo más interesante que dejó su paso por el Senado se produjo cuando opinó que si es elegida jefa de los fiscales debería intervenir en la ley de extinción de dominio, en lugar de que sea la Procuración del Tesoro como plantea el proyecto de ley que sigue trabado en el Congreso.

"Me cuesta entender qué haría la Procuración del Tesoro", afirmó Weinberg de Roca, en tal vez el único tramo de su exposición en el que se animó a entrometerse en los debates parlamentarios y de lo que enseguida pareció arrepentirse. La Procuración del Tesoro es un organismo que depende de la Presidencia y cuyo titular lo designa directamente el presidente, sin acuerdo del Congreso. Su función es la de ser los abogados del Estado en las causas en las que está involucrado.

La Procuración General por el contrario es un organismo extra poder, creado en la reforma constitucional de 1994 y cuyo titular es propuesto por el Presidente, pero requiere acuerdo del Senado. Su titular tiene a cargo la conducción de los fiscales, una labor muy distinta a la del procurador del Tesoro. El razonamiento de Weinberg de Roca tiene lógica, ya que si se trata de requisar bienes producto de la corrupción, esto es materia de investigaciones penales a cargos de fiscales.

Salvo esa apreciación, la propuesta procuradora no quiso ni hablar de temas polémicos en los que acaso debería expedirse en el futuro, como la ley del aborto, pese a la presión de Mario País, del bloque justicialista y la insistencia de la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.

Sobre el final de la audiencia, el chubutense le pidió una ratificación sobre sus dichos sobre el tema del proyecto de extinsión de dominio de bienes de corruptos y el peronista Rodolfo Urtubey, presidente de la comisión de Acuerdos, le evitó a la invitada volver a caer en la trampa. "Ya dijo que prefiere a la procuración", la protegió. Como explicó LPO, el peronismo no tiene fecha para tratar el pliego y lo mezclará en la debate por el presupuesto. 

La ley de extinción de dominio habilita al Estado a expropiar bienes originados en delitos como el narcotráfico, el terrorismo o la corrupción.   

Ante la impugnación de organismos de derechos humanos, Weinberg de Roca admitió haber dicho que en Argentina hubo justicia "de un solo lado", porque "todavía no se había juzgado a la triple A". El PJ no tiene apuro en tratar su pliego. 

La versión aprobada en Diputados en 2016 habilitaba a intervenir a un fiscal y le daba poder al procurador del Tesoro, que en los hechos es el abogado del Estado elegido por el Poder Ejecutivo. Eran otros tiempos: Alejandra Gils Carbó era la procuradora General y Mauricio Macri maniobraba sin éxito para que renunciara, por eso esa iniciativa sacó la intervención de lo que sería su lugar natural y la paso a la dependencia que ahora conduce el salteño Bernardo Saravia Frías.

La ley se frenó en el Senado porque Pichetto y Urtubey consideraron que carecía de garantías constitucionales mínimas y presentaron un proyecto alternativo que sostenía el poder del procurador del Tesoro, pero encuadraba la extinción de dominio como una acción civil dentro del proceso penal.

La senadora kirchnerista Fernández Sagasti.

Federico Pinedo redactó el suyo, donde sostuvo la extinción como una acción civil ajena al juicio penal pero empodera a la procuración. El kirchnerismo celebró el viraje y pidió incluir delitos financieros, el debate quedó empantanado y la candidata a procuradora se inmiscuyó sin querer.

El único momento tenso fuera de ese desliz fue cuando tuvo que aclarar porque en una entrevista con el colectivo "Voices of Rwanda", el 27 de octubre de 2008, dijo que durante la última dictadura militar en Argentina "hubo justicia para un solo lado y eso no es bueno".

"Es una declaración descontextualizada. Estábamos hablando de grupos paramilitares y ante una pregunta sobre si se habían juzgado en Argentina dije que no, porque la primera condena de la triple A fue en 2015", explicó.

Lo cierto que esa respuesta le valió una decena de impugnaciones de organismos de Derechos Humanos como Hijos y Abuela de Plaza de Mayo. Horacio Pietragalla, diputado kirchnerista y nieto recuperado, presenció la sesión acompañado por referentes de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora.

Fernández Sagasti no se conformó con su descargo y, sin perder la compostura, Weinberg de Roca cerró el tema. "No le puedo decir lo que no dije. Destaco el avance de las políticas de derechos humanos de estos años. Argentina y Sudáfrica son reconocidas en el mundo por los juicios de derechos humanos y yo integro este colectivo", se jactó.

Salió mejor parada de otros reproches como el de haberse negado a frenar una licitación para comprar pistolas Taser cuando era juez en la ciudad de Buenos Aires.

"No le corresponde al poder judicial inmiscuirse en otros poderes. No se le puede decir al poder político que armas usar". Se negó a opinar sobre la toma compulsiva de ADN en juicios por apropiación de bebes porque "ya es ley". Y avaló la imprescriptibilidad de juicios por crímenes de lesa humanidad.

Weinberg de Roca había iniciado su exposición con una descripción del estado de situación de la procuración. Denunció una estructura sobredimensionada de 5087 empleados que insumen el 98% del presupuesto, aunque aclaró que no prescindiría de ninguno, sino que reasignaría funciones.

En defensa de las impugnaciones realzó los juicios por causas de derechos humanos con un lamento por la desaparición de Julio López.

País no logró incomodarla consultándola sobre su relación personal con Macri. "Lo conozco laboralmente desde 2009, en reuniones protocolares", le respondió.

La audiencia terminó con una amable ronda de preguntas de Miguel Pichetto, sobre temas como el legajo electrónico ("Hace falta conectividad", respondió) o la puesta en marcha del sistema acusatorio.

"El Ministerio de justicia prevé 5 años. Es demasiado y complica tener parte de los fiscales", respondió. Prometió mantener las fiscalías especializadas "porque están creadas por ley".

Y ante "la imposibilidad" de crear una policía judicial se comprometió a instruir a la policía federal en la investigación. "Hay que explicarles. La federal quedó un poco perdida con el traspaso", admitió. Cerró con dos cumplidos: aceptar que los jueces deberían pagar ganancias y que los cargos sin duración, como el de procurador, "son de otra época". 

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