Diputados
Tras el reclamo de Massot, negocian la primera sesión del año en Diputados
Sería el 24. Promoción de la economía de conocimiento, protección de bienes culturales, sanciones al acoso callejero y registro fitosanitarios, las leyes en carpeta. Intentan sancionar financiamiento político.

La exhortación del jefe del PRO en Diputados Nicolás Massot a sus colegas y a Marcos Peña se hizo sentir: los titulares de todas las bancadas negocian un temario para sesionar por primera vez en el año el 24 de abril, con el compromiso de sostener el quórum algunas horas.

El punteo de proyectos está en discusión, pero incluiría la ley de promoción al conocimiento que empezó a discutirse en comisiones el martes y tendría dictamen el 23, un día antes de abrir el recinto.

Consiste en beneficios fiscales y bajas de los aportes patronales a empresas tecnológicas, un rubro que representa la cuarta generadora de divisas pero en 2018 cayó un 7,8%. Sólo con un apoyo oficial podría repuntar.

En los borradores que se pasan en los pasillos de un semi  vacío  Congreso figuran también leyes pendientes sin polémicas que alienten la grieta, como la que protege el tráfico de bienes culturales mediante un registro nacional digitalizado, aprobada el año pasado en el Senado.

Otro expediente archivado es el que crea un registro y control de productos fitosanitarios, sin mayor conflicto entre las distintas fuerzas políticas, que el año pasado sólo sesionaron dos veces con un temario acordado: el 21 de marzo y el 13 de junio, para debatir la ley que habilitaba el aborto.

Si el Senado aprueba el martes la ley de financiamiento político, Cambiemos intentará sancionarla el 24, junto a un temario que  negocian los jefes de todos los bloques. 

La última sesión especial (como se llama cuando se debate un temario acotado por quienes juntan una mayoría) fue el 24 de octubre para aprobar el presupuesto y casi termina a las piñas. 

El recinto se abrió en diciembre para tratar proyectos pedidos por el presidente, pero el 18 la reunión terminó abruptamente cuando por pedido de Martín Lousteau volvió a comisión  la ley para aumentar las penas por delitos en partidos de fútbol.

Este año la oposición logró quórum para tratar proyectos que bajan las tarifas y aumentan las jubilaciones, pero Cambiemos ocupó rápido sus bancas para bloquearlos. Como no tenían dictámenes, necesitaban dos tercios para ser aprobados.

La oposición planeaba otra sesión especial para el 24 con proyectos para bajar los valores de la cuotas hipotecarias, cajoneados en las comisiones de Presupuesto y Finanzas por los diputados de Cambiemos. 

La ley antibarras volvió a discutirse en la comisión de legislación penal pero aún no hay acuerdo para sancionarlo y Cambiemos no volverá a arriesgarse a un papelón. "En las reuniones de asesores, nos queda claro que el kirchnerismo no quiere colaborar", confiaron desde el oficialismo.

El otro proyecto que pidió Macri en diciembre y nunca se aprobó es el que regula el financiamiento político. Diputados archivó la versión redactada por el Poder Ejecutivo en 2016 y el Senado logró hace 15 días un segundo dictamen, con la incorporación de un artículo que respalda a los medios digitales.

Massot le pidió a Peña terminar con la grieta y permitir que funcione el Congreso

Se iba a tratar este miércoles, pero en Cambiemos y el peronismo prefirieron ajustar los consensos. Miguel Pichetto convocó a una reunión de Argentina Federal el lunes por la noche para limar asperezas y si dan los números la ley se aprobará en la sesión convocada para el martes al mediodía. 

Si lo logran, los diputados de Cambiemos confían en apurarla para la sesión del 24, porque la siguiente no es fácil de predecir. Deberá esperar el régimen penal juvenil, que baja de 16 a 15 la edad mínima de imputabilidad y modifica el viejo sistema de patronato implementado en la última dictadura militar.

Este martes la diputada radical Gabriela Burgos, presidente de la Comisión de Legislación Penal, inició una ronda de audiencias públicas sobre la ley que repetirá varias semanas con el objetivo de alcanzar un consenso que evite sorpresas en el recinto.

Activa como ningún diputado en este año de recintos cerrados, Burgos logró un dictamen el proyecto para sancionar el acoso callejero, que el año pasado había sido archivado por pedido de todos los bloques.

Establece multas de entre 1.000 y 15.000 pesos al que, "mediante gestos o palabras con connotación sexual, contacto físico o arrinconamiento", o perturbe "la dignidad, integridad física, psicológica o sexual de una persona, con motivo de "su género u orientación sexual".  Se aprobaría el 24, si hay sesión ordinaria. Por primera vez en 2019. 

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