Domiciliaria para Ferreyra
La Cámara Federal le concedió, por razones humanitarias, el arresto domiciliario al dueño de Electroingeniería, el último empresario que quedaba preso por la causa de los cuadernos.

La Cámara Federal porteña concedió hoy el arresto domiciliario por razones humanitarias al empresario Gerardo Ferreyra en la causa por los cuadernos de la corrupción, en la que quedó preso el 1 de agosto de 2018.

La decisión fue de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes rechazaron excarcelarlo, pero "momentáneamente" dieron al dueño de la empresa Electroingeniería el beneficio del arresto domiciliario bajo "estrictas medidas de seguridad", según la resolución.

Ferreyra quedará con arresto domiciliario "bajo el Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica", con pulsera y GPS. La medida se dispuso mientras se concluyen diligencias vinculadas al estado de salud del empresario y a pruebas pendientes en el caso.

"La defensa ha manifestado en reiteradas oportunidades que Gerardo Ferreyra se encontraría atravesando un delicado estado de salud derivado de su enfermedad de base, con un marcado deterioro físico desde el ingreso al penal, que podría poner en riesgo su vida", citó la Cámara.

Pese a que falta aún un informe del Cuerpo Médico Forense ordenado sobre Ferreyra, los camaristas concluyeron en la necesidad de "adoptar una decisión inmediata con el fin de evitar que se produzca una afectación irreparable a los derechos fundamentales del imputado".

Por ello, hasta que concluyan los estudios médicos y se definan medidas de prueba que estarían pendientes en la investigación "en las que efectivamente Ferreyra pueda tener alguna injerencia", "consideramos razonable imponer al causante una morigeración de su estado de detención", explicaron los jueces.

Ferreyra está procesado con prisión preventiva en la investigación en la que también está acusada la ex presidenta Cristina Kichner y otros ex funcionarios de su gobierno por supuesta asociación ilícita destinada a recaudar sobornos entre empresarios vinculados a la obra pública.

La parte central de esta pesquisa ya fue cerrada por el juez federal Claudio Bonadio, quien dio vista al fiscal Carlos Stornelli para que efectúe su requerimiento de elevación a juicio oral.

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