ARA San Juan
El Congreso espera que ahora la justicia avance la causa sobre el naufragio del Ara San Juan
La jueza Yañez no imputó a ninguno de los ex militares mencionados en el informe de la bicameral. La oposición pide juicio político a Aguad y el Gobierno lo cubrirá con una auditoría de la Armada y pericias del exterior.

 Después de reconstruir la secuencia del hundimiento del submarino Ara San Juan con más de 50 expositores, material fílmico y documentación reservada, la bicameral investigadora del Congreso responsabilizó al ministro de Defensa Oscar Aguad y a ex mandos militares de no prevenir la tragedia.

El informe es público y desde esta mañana empezó a ser leído en detalle por Marta Yañez, jueza federal de Caleta Olivia, a cargo de la causa que investiga los motivos de la tragedia y a más de un año de iniciarse no tiene ni un imputado.

En la presentación del informe, el senador del PJ José Ojeda la acusó de haber retaceado el expediente a la bicameral, cuyos miembros la visitaron en el verano y volvieron con las manos vacías.

No sólo eso: la senadora del progresismo Magdalena Odarda y el secretario de la comisión, Carlos Álvarez, fueron elegidos como testigos por Luis Tagliapietra, padre de una de las 44 víctimas del naufragio, en el pedido de destitución a Yañez presentado ante el Consejo de la Magistratura.

El Congreso consideró que Macri y Aguad son responsables políticos del hundimiento del Ara San Juan

Se basó en supuestas reuniones privadas que la jueza habría tenido con Aguad y la actual cúpula militar, "por ser contrarias a los deberes de un juez federal, porque el ministro está en línea directa con las responsabilidades", justificó ante LPO Tagliapietra, presente en todas las reuniones de la bicameral y en el anuncio del informe.

Pese al destrato de Ojeda en el Salón de Pasos perdidos, al menos tres legisladores de la bicameral confiaron a LPO que con el trabajo del Congreso en mano, Yañez tendrá respaldo político para avanzar contra los ex mandos militares exonerados. Hasta aseguran que acumuló mucha información valiosa y tendría material secuestrado en Mar del Plata para acorralarlos.

El informe es categórico con cinco: Marcelo Srur y Miguel Máscolo, jefe y subjefe de la fuerza en aquel momento; el contralmirante Luis López Mazzeo (jefe de Adiestramiento y Alistamiento), el capitán de navío Claudio Villamide (responsable de la Fuerza de Submarinos) y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa (jefe de operaciones de la Fuerza de Submarinos).

Los responsabiliza de haber subestimado el reporte de una avería producida por el ingreso de agua a la ventilación que originó un principio de incendio en la batería 3.

Los legisladores opositores aseguran que la jueza Yañez esperaba respaldo del informe para acorralar a los militares acusados y hasta tendría información extra. Por ahora, no hay ningún imputado. 

Según la investigación legislativa, Correa le restó importancia a la primera comunicación, a las 23.42 del 14 de noviembre y a la segunda, a las 7.19 del día siguiente, cuando el comandante Pedro Fernández informó que la situación estaba controlada y navegaba "en plano periscopio" con la intención de bajar 40 metros.

Con el cambio de guardia, a las 8 de la mañana, Fernández no recibió instrucciones de pasar a plano superficie y al descender, la nave implosionó. "Esta avería fue subestimada por toda la cadena de manado", concluye el informe y luego califica a Aguad y a Macri como responsables políticos por ser ni más ni menos que los jefes de los militares negligentes.

López Mazzeo es la figura más misteriosa de la historia. Junto a Villamide, Srur lo pasó a disponibilidad al mes de la tragedia, judicializó la medida, no pasó sobresaltos en Tribunales y se reunió con los legisladores en privado para indicarles con precisión dónde estaba el submarino, antes de ser hallado por la empresa Ocean Infinity. En audiencia pública, su ex jefe había contado que esos datos los aportó poco antes de ser echado, en sobre cerrado acercado por la armada de Estados Unidos, pero nadie les prestó atención.

En estricto off the record, para no herir sensibilidades, los legisladores oficialistas sostienen que Fernández cometió una imprudencia en esa última comunicación y ningún civil podría haber evitado el incendio de la nave. De hecho, el único antecedente similar demuestra que no es tan sencillo detener a navegantes militares con una radio llamada.

Fue en 2008, cuando la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, ordenó llevar a superficie el submarino Ara Santa Cruz al enterarse que no estaba en condiciones de continuar una travesía a Valparaíso. La información no le llegó de fuentes oficiales, sino de Horacio Calderón, habitual columnista televisivo sobre las guerras de medio oriente y familiar de marinos con jerarquía. 

Garré fue la gran ganadora de estos 15 meses de debates, porque el informe ocupa las primeras fojas en descartar cualquier relación entre el hundimiento y la reparación de la media vida del submarino, iniciada durante su gestión. Hasta cita un elogio a ese trabajo de Marcos Peña, en uno de sus primeros informes de gestión del Congreso. Fue todo un menaje de los redactores, porque la obra concluyó cuando Macri ya estaba en la Casa Rosada.

Muchos familiares de las víctimas no estaban muy convencidos de esos fragmentos y no quedaron conformes con el testimonio de Benito Fucks, directivo de la empresa Service Instruments SA, quien detalló la calibración del sistema de alarma, acumulación de gases tóxicos o hidrógeno.

El Gobierno pidió demorar el informe sobre el hundimiento del Ara San Juan para proteger a Aguad

El Gobierno presionó para que la bicameral prorrogue sus tareas al menos un semestre, pero no lo consiguió y hace 20 días empezó a mover fichas para protegerse. Fuentes con acceso al expediente señalaron a LPO que en las últimas semanas le solicitó apoyo pericial de la armada de Estados Unidos y de Francia, por considerar que en el país no hay especialistas capaces.

Lo curioso es que según los querellantes, el trámite lo habría realizado a través del Ministerio de Defensa y no a través de un exhorto de cancillería, como es habitual en estos casos.

Preocupado, en las últimas reuniones de la bicameral, Aguad llegó a indicarles a los legisladores de Cambiemos que soliciten la instrucción de Yañez antes de redactar el informe final, pero fueron desatendidos.

La oposición mucho menos aceptó esperar la auditoría del tribunal de disciplina de la Armada, que a 20 meses del hundimiento aún no culminó, entre otras cosas porque muchos militares se excusan de participar para no investigar a sus amigos.

Las pericias extranjeras y la auditoría serán el material del Gobierno para contrarrestar el trabajo legislativo, que deja al borde del juicio penal a los ex militares y en una situación no muy diferente a Aguad.

"No se va a salvar de una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público", presagian en la oposición, donde no pisarán Tribunales y pondrán énfasis en el juicio político al ministro de Defensa, presentado en septiembre por Guillermo Carmona, diputado kirchnerista y miembro de la bicameral.

Esta mañana, envió la copia del informe como anexo del proyecto de juicio político y prepara una nota a Emilio Monzó para instruir a la Comisión a reunirse para tratarlo. La tiene cerrada uno de sus diputados más cercanos: el cordobés Javier Pretto,cercano a Nicolás Massot, ambos excluidos de las listas por el enfrentamiento de su jefe con el Gobierno.

En su última pelea con Carrió, Massot recordó hace unas semanas que Pretto no convoca a la comisión para proteger a los ministros con pedido de juicio político. Sólo podría obligarlo a rever su posición un acuerdo opositor por este asunto que no es previsible en tiempos de campaña electoral.

Otra secuela del informe de la bicameral, inédito en la historia reciente del Congreso, es la rápida aparición de estudios jurídicos para sondear posibles juicios millonarios al Estado, entre ellos el del mediático Fernando Burlando.

No será un camino fácil, porque los 44 tripulantes cumplían una función militar, pero el material legislativo puede servir de base para que otro juez obligue a Aguad a resarcirlos. Tanto ruido hay con este tema que algunos legisladores llegaron a especular con que uno de los estudios jurídicos interesados habría logrado involucrarse en la redacción del informe, asociado a empleados legislativos.


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