Diputados
La UIA pidió posponer la ley para regular el teletrabajo hasta después de la pandemia
Propuso que entre en vigencia 6 meses después del final de la emergencia y que el empleador pueda definir cuándo y cómo disponerlo.

La Comisión de Legislación laboral de la Cámara de Diputados que preside la kirchnerista Vanesa Siley escuchó este lunes a las cámaras empresariales para continuar el debate para una ley que regule el teletrabajo, que seguirá el miércoles con un intento de dictamen que podría llegar al recinto el jueves o la semana siguiente. 

Pero entre los reclamos que se hicieron escuchar estuvo el de la Unión Industrial Argentina, que pidió implementar la ley recién 6 meses después de terminado el aislamiento social y preventivo. 

"Sería para permitir un retorno lo más armonioso posible a las actividades y evitar los conflictos que puedan derivarse de la colisión entre las nuevas disposiciones y las modalidades de teletrabajo adoptadas con el objeto de cumplir con las disposiciones excepcionales vigentes", explicó Laura Giménez, jefa de política social de la UIA.

Moroni respaldó la ley de teletrabajo, pero esperan la opinión de empresarios para aprobarla 

Después de una introducción de Carolina Castro, la primera mujer que integra la mesa chica de la UIA, Giménez leyó un documento de nueve puntos que objetó los principales consensos que hubo hasta ahora entre los 17 proyectos presentados, con la esperanza de lograr algunos retoques. El martes los diputados de Cambiemos evaluarán si tomarán alguno para pedir incorporarlo al dictamen.  

El único acuerdo de los industriales es que el trabajo remoto sea una modalidad más y la ley consista en un piso de disposiciones para luego adaptar a los convenios colectivos de trabajo, pero en ese marco pidieron limitar los requisitos a los empleadores.

Rechazaron la obligatoriedad de que haya pactos colectivos porque "pueden resultar un acto de injerencia, violatorio de la libertad sindical en sentido negativo. En todo caso deberá quedar a salvo el derecho de acordar esta modalidad a través del contrato individual".

Y solicitaron diferenciar tres escenarios: los contratos que nacen en forma remota, donde no está previsto que las personas asistan al establecimiento del empleador en ninguna instancia; los que nacen como presenciales y mutan a esta nueva modalidad por el total de la jornada; y los que nacen como presenciales y que incorporan la figura del teletrabajo en forma parcial.

"La reversión", o sea la posibilidad de pasar de una modalidad a otra, la proponen como parte de los contratos para ambas partes y con un preaviso de 30 días.

Y si bien aceptan la desconexión de los empleados, piden que los contratos contemplen muchas modalidades como trabajo por objetivo. Señalan, además, que el cuidado a los datos personales que piden los legisladores no puede alterar el know-how y el modelo de negocio de la empresa. 

Tampoco aceptan condiciones a pagar herramientas de trabajo específicas, por considerar que es una negociación propia de los convenios colectivos con las tecnologías de cada época.

Y ponen reparos sobre los límites a los contratos de trabajadores extranjeros. "Se oponen a la libertad de contratación y desincentivan el trabajo integrado entre distintas unidades productivas, algo que es una tendencia creciente en un mundo cada vez más integrado y especialmente en sectores exportadores de manufactura de origen industrial (MOI)". 

El resto de los invitados tuvo algunos reparos parciales. Julián Moreno, vicepresidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), consideró "importante la formalidad de los trabajadores y que la modalidad no derive en la precariedad laboral. Con el trabajo en negro perdemos todos".

Esteban Mancuso, de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) recordó que las pymes no están en un buen momento como para tomar nuevas obligaciones y la ley, tal como se plantea puede traer problemas porque el empleador no podría acondicionar los establecimientos de cada hogar.

Leo Bilanski, presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales Para el Desarrollo Argentino (ENAC), pidió distinguir entre las empresas con menos de 10 empleados y las que tienen más de 200, "que son el 0.6% y ninguna se fundió". Ricardo Diab, vicepresidente segundo de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), pidió una regulación "equilibrada entre el empleado y el empleador y defender a las pymes". 

El miércoles debatirán los diputados y el frente de Todos tiene mayoría para aprobar una ley con el rechazo de Cambiemos, aunque la voluntad de Sergio Massa es llevar al recinto dictámenes consensuados. Buscarán que sea uno de ellos. 

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