Diputados
Denuncian que Bullrich usó una resolución secreta para detener gente por sus posteos
Lo contó el secretario de Seguridad, Gabriel Fuks, en la Comisión de Seguridad de Diputados.

El secretario de Articulación Federal de la Seguridad, Gabriel Fuks, denunció que su antecesor Eugenio Burzaco utilizó una resolución sobre cyberpatrullaje que no fue publicada en el Boletín Oficial para que la policía federal detuviera gente por sus publicaciones en redes sociales. 

Se trata de la resolución 31, firmada en 2018, que según el funcionario tiene 3 carillas y sirvió para relevar a 500 personas que asistirían a la cumbre del G20, en su mayoría periodistas; y se aplicó para 6 procesamientos y la detención de Nicolás Lucero, el joven que estuvo preso por un tuit contra Mauricio Macri.

"Con la resolución 144 se derogó la 31 y se planteó un sistema de vigilancia a través de fuentes abiertas, después de un largo proceso de debate con la participación de organizaciones de la sociedad civil y una bicameral de control que se ya se reunió", anunció Fuks, durante una exposición ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. 

La polémica de la persecución digital de las fuerzas federales empezó con una declaración de la ministra de Seguridad Sabina Frederic, en su exposición ante la misma Comisión el 7 de abril: "Se está realizando un cyberpatrullaje, o patrullaje en las redes y permite detectar el humor social y las zonas donde es preponderante. Esto nos ha permitido trabajar en alertas tempranas", dijo ese día.

La frase pasó desapercibida pero al día siguiente salió con los tapones de punta su antecesora Bullrich, presidenta del PRO. "¿Qué código establece que el humor social es delito? Eso se llama espionaje y es un gravísimo delito. El cyberpatrullaje se utiliza contra el terrorismo, narcotráfico, grooming, violencia de género, amenazas, etc. Si quiere medir el humor social haga una encuesta, ministra", tuiteó.

Frederic reconoció que "humor social" no fue una frase feliz y su gabinete empezó a trabajar en una nueva resolución, junto a organizaciones como el Cels, Fopea, la Fundación Vía Libre y Amnistía Internacional, todas muy preocupadas por cómo los policías navegan en internet. 

La 144 fue publicada el 31 de mayo y crea un "Protocolo general para la prevención policial del delito con uso de fuentes digitales abiertas", que seguirá vigente sólo mientras dure la pandemia del coronavirus. Y según contó Fuks tomó gran parte de las recomendaciones de la resolución 1 de este año de la Comisión de Interamericana de los derechos humanos (CIDH), en el marco de la alteración del orden social por la pandemia.

La resolución 31 fue secreta, porque la firmó el secretario de Seguridad Eugenio Burzaco. Y se usó para 6 procesamientos y una detención. La policía la siguió usando hasta que la descubrimos. 

"Se trata de respetar los principios de legalidad, necesariedad y proporcionalidad, en caso de establecer un estado de excepción que justifique el grado de emergencia", explicó el funcionario, que asistió acompañado por la subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa del Ministerio, Silvia La Ruffa. 

La alusión a la CIDH no fue menor: la diputada Karina Banfi, de la UCR, había aludido a una comunicación con la Relatoría de Libertad de Expresión de ese organismo sobre los alcances del cyberpatrullaje, para justificar la invitación de la ministra a comisión de libertad de expresión de la Cámara baja, que preside el macrista Waldo Wolff y se reunió a las 18 horas.  

Como anticipó LPO, la ministra de Seguridad no quiso asistir ni enviar emisarios y el oficialismo no se conectó en repudio a la incorporación de ese asunto al temario. A través de un comunicado, consideraron que la invitación fue improcedente y realizada "vía personal" a través de un correo electrónico, entre otras cosas porque Sergio Massa evaluó que no era el marco adecuado y derivó la citación a la Comisión de Seguridad, que preside la kirchnerista Paula Penacca. 

Fuks dedicó gran parte de su exposición a repudiar a la escondida resolución 31, vigente cuando la ministra aludió al control del humor social.  "Lo que hicieron fue tomar como base el consejo sobre cyberdelito de Budapest, pero nadie conoció de forma taxativa los mecanismos que utilizaron". 

Uno de los principales ejes del nuevo protocolo es que el patrullaje en redes se reducirá a la pandemia y será acotado a las "fuentes abiertas", esto es, los perfiles visibles de usuarios. No permite inversión en sistemas con sofisticados algoritmos para rastrear información. 

Se basa en los artículos 143 y 183 del código penal para separa separarla de cualquier tarea de inteligencia. "La tarea termina cuando empieza a actuar la justicia", diferenció Fuks y contó que se llega a las judicializacion "por sumatoria de información en redes abiertas y publicas dan cuenta de las posibilidades" de un delito, por el tratamiento de un tema y no de las personas en cuestión. "Sólo en ese caso se eleva la preocupación". 

Frederic se niega a exponer el protocolo de cyberpatrullaje en la comisión de Libertad de Expresión

Enumeró posibles delitos como trata de personas, terrorismo, acoso y empleo de imágenes para grooming (acoso infantil) y abuso sexual. En muchos casos no son delitos federales pero, explicó, se hace el seguimiento "interjuridisccional" por el uso de internet. "La idea de que alguien dice algo que no le gusta del presidente y será perseguido es irreal, porque no existe la figura de instigación publica". 

En Cambiemos acusaron recibo de las denuncias contra Bullrich, la figura más polémica de la semana por el rechazo de parte del frente a su prematuro comunicado sobre la muerte de Fabián Gutiérrez, ex secretario de Cristina Kirchner. Y se molestaron con alusiones a la causa de espionaje ilegal que tramita en Lomas de Zamora y por la que está detenido el ex director de operaciones de la AFI, Alan Ruiz. 

"La resolución 31 no estaba oculta ¿Sino como hicieron cyberpatrullaje hasta hace un mes? Los casos de detención fueron por determinación judicial. Deberían haber mandado un proyecto de ley", recriminó Jorge Enriquez, del PRO, y justificó los fiches del G20 por haber sido supuestamente ante personas "que podían ocasionar disturbios".

"¿Cual es el grado de articulación que tenemos con la provincia? Los mismos que hablan de desaparición forzada o de espionaje ilegal no se escandalizan con las carpetas de espionaje", agregó el radical Carlos Fernández, en alusión al material recolectado en la residencia de Cristina, durante el allanamiento de 2018. 

La ronda de consultas la había abierto el riojano Julio Sahad, recluido en un hotel de La Rioja por ser positivo de Coronavirus. Dijo que una cámara de seguridad de la provincia vigilaba su domicilio particular y el gobernador Ricardo Quintela no le dio explicaciones. Fucks no le respondió pero si el diputado Danilo Flores, que adjudicó las filmación a un control de rutina a los familiares de enfermos para que cumplan la cuarentena.  

El radical Luis Petri agregó que al intendente de Mendoza también lo amenazaron de muerte y que la resolución 31 era acotada. "Se reducía a venta o permutara de armas por internet o imágenes que estimulen la hostigación sexual". 

"44 millones de argentinos podemos ser investigados por la Resolución del Ciberpatrullaje. No es una norma de prevención, es un protocolo de inteligencia donde cualquier argentino puede ser víctima de seguimiento en redes con la excusa de la pandemia y la violación del aislamiento", se quejó y pidió las actuaciones realizadas hasta ahora.  

Fuks prometió enviar esos datos pero ratificó que la resolución de Burzaco "era un oscuro papel que nadie conocía claramente" y reconoció que la policía la utilizó hasta abril. "Por eso lo emitió el secretario de seguridad y no la ministra. Y no era tan acotada porque se usó para procesar a 6 personas se impidió a periodistas al G20. La policía lo usó hasta abril porque se mantuvo una lógica inercial porque la resolución era secreta y se usaba para dar órdenes".

El flamante protocolo se usó para delitos que crecieron durante el confinamiento como las estafas y otros que son propios de la pandemia, como la venta de material medico y documentación apócrifa. Seguirá vigente mientras haya covid 19 y aislamiento social. 

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Qué pasó !, tanto te impactó el banderazo que te quedaste escribiendo boludeces hasta 4,37 hs ?? .... Ah ! relee a ver si interpretas .... por eso los inútiles llegan al poder, por ignorantes cortos como vos .... huevón ! ....
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Amigazo es Johnny pobre, mismo negrito que no sabe redactar y carente de lexico
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Patricia Bullrich es la peor lacra de la Argentina que le enroscó la vibora al mamerto y se quedo con el partido de los globoludos.
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Siempre se supo que metieron gente presa por twitear "macri gato", cual es la novedad?
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Ahí los tenes a los republicanos haciendo honor de la libertad de expresión..
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BULRICH ESTA PIDIENDO CELDA.
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Todo verso y entramado de hechos que no tienen nada que ver uno con el otro .... es como si yo te dijera que ( en el mismo momento ) cuando vos subiste al avión que te llevaba a mar del plata, en san pablo un traficante viajaba en avión a perú con merca y lo relacione .... estas boludeces se les ocurre a parrilli o tailhade, todo se lo venden a la viuda como la punta del iceberg, y lo peor es que ella lo compra ilusionada de con eso iguala al gobierno de macri con su desastroso y corrupto gobierno .... además, ¿ en que juzgado lo denunció ? .... ¿ presentó pruebas ? .... humo ! .... tomenseláaaas ....