Editorial
Jubilación del servicio doméstico
Por Andrea Falcone
Con casi 40% de trabajo en negro, el personal doméstico enfrenta una carrera de obstáculos entre el trabajo informal y los requisitos formales para jubilarse.

 El primer escándalo político del año dejó al descubierto la problemática de las trabajadoras domésticas. La titular del INADI, Victoria Donda, fue denunciada ante la Justicia laboral por incorrecta registración de su empleada doméstica. Asimismo, a raíz del ofrecimiento de cargos que le habría realizado para resolver los reclamos laborales, se presentó una denuncia penal por fraude a la administración, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

Estas situaciones resultan ser excelentes oportunidades para poner luz sobre realidades que hasta ahora son percibidas como normales y habituales, pero no deberían serlo.

Considerando las tasas de empleo no registrado en nuestro país, se puede inferir que al menos cuatro de cada diez trabajadores se encuentran en la informalidad. Una evolución del empleo no registrado puede graficarse de la siguiente manera.

En el mundo los países desarrollados tienen una tasa de informalidad que no supera el 15%, mientras que en Argentina ha estado históricamente entre el 30% y el 40% de la población activa. Actualmente existen cerca de 5 millones de trabajadores informales. Según el INDEC, la mayor precariedad laboral se verifica en los siguientes sectores: servicio doméstico 70,7%, agricultura y ganadería 64,9% y Construcción 53,9%.

Según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, analizado desde el punto de vista territorial, los trabajadores del Conurbano Bonaerense, en comparación con los de la Ciudad de Buenos Aires, presentan el doble de probabilidad de encontrarse ocupados en actividades precarias. Ahondando la desigualdad, los que viven en el resto de las regiones tienen un cincuenta por ciento más de posibilidades que los habitantes del Conurbano de trabajar precariamente. En idéntica situación de vulnerabilidad se encuentran las mujeres, entre las cuales la tasa de precarización laboral es mayor que entre los hombres.

En conclusión, la falta de control del Estado sobre la informalidad laboral ha generado una doble consecuencia: una menor recaudación de la ANSES en aportes y contribuciones y la necesidad de moratorias previsionales para permitir el acceso a la jubilación de los trabajadores informales.

La importancia de las moratorias previsionales en nuestro país

La tasa de cobertura previsional se elevó de un 66,1% en el año 2003 al 95,8% para el año 2010, si se considera la totalidad de beneficios. La mayoría de las beneficiarias fueron mujeres (78%), no obstante estar jubilado sigue siendo más frecuente entre hombres que entre las mujeres (el 86,6% jubilados entre los primeros vs. 79% jubiladas entre las segundas). El mayor impulso en la expansión de la protección social se ha cristalizado en los sectores más vulnerables, donde la tasa de cobertura pasó del 56,2% al 94,5%. Según el Barómetro de la Deuda Social con los Adultos Mayores, de la UCA, en el estrato social más alto la proporción de jubilados por el régimen ordinario de aportes alcanza a 8 de cada 10 jubilados, mientras que en el estrato más bajo disminuye a 4 de cada 10.

No obstante, como mencionamos, las moratorias previsionales son parches, soluciones temporales. O por lo menos deberían serlo. La sustentabilidad de un sistema de seguridad social se basa principalmente (o al menos debería hacerlo) en el ingreso de aportes y contribuciones de los trabajadores y sus empleadores. Las continuas moratorias previsionales podrían desincentivar el empleo formal, dado que el trabajador espera al cumplir la edad poder adherir a una de las moratorias vigentes.

Otra cuestión a considerar, son las permanentes trabas que le impone la ANSES a las trabajadoras del servicio doméstico para jubilarse. En cualquier trabajo que uno desempeña en relación de dependencia, al momento de jubilarse, basta con la aparición de dichos servicios en el resumen de aportes del organismo. Para el caso del servicio doméstico se les requiere además una serie de pruebas, en la mayoría de los casos imposible de cumplimentar.

Se les solicita una declaración jurada donde cada empleador para el cual prestó servicios confirma el vínculo laboral. La firma debe ser certificada. En gran parte de los casos el organismo previsional envía verificadores al domicilio laboral. Si en la verificación el ex empleador o sus vecinos contradicen en algo la información que obra en el expediente, el trámite se rechaza y esos aportes se desechan.

Un ejemplo usual es cuando el ex empleador declara una cantidad de horas semanales trabajadas distintas o distintos días de trabajo a los que figuran en las boletas. ¿Todos nos acordamos del día y horario que cumplía nuestra empleada doméstica hace 10 años? O cuando un vecino dice no recordar a la empleada. ¿Todos conocemos a la persona que trabaja en la casa de nuestros vecinos? Además, les piden testigos del vínculo laboral, que deben certificar su firma en una declaración jurada y los comprobantes de pago mensuales.

Como se habrá podido comprender, el camino hacia la jubilación de una empleada de servicio doméstico está plagado de trabas y complicaciones. Desde lograr la registración laboral, hasta poder concluir el trámite jubilatorio exitosamente. Es por eso que los funcionarios son quienes más deben dar el ejemplo, registrando la relación laboral con todos sus empleados. Respaldando el sistema de seguridad social, con aportes jubilatorios y cobertura de obra social para sus trabajadores. Solo así podremos construir un presente y un futuro más justo y equitativo para todos. 

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no gobierna cristina