Trabajo
El reto de migrar la contención social a la inclusión laboral
Por Damián Ledesma
De cara a la conformación de un nuevo Ministerio de Trabajo, ¿cuáles son los obstáculos y alternativas para un trabajo de calidad?

La CGT impulsa un acuerdo social que permita recuperar poder adquisitivo y estabilizar la macro economía. Por su parte, los movimientos sociales reclaman el reconocimiento como trabajadores y trabajadoras para aquellas personas que generan su propio trabajo para poder subsistir. De cara a la conformación de un nuevo Ministerio de Trabajo, confirmado por el presidente electo Alberto Fernández ¿cuáles son los obstáculos y alternativas para un trabajo de calidad?

El mercado de trabajo viene erosionando empleos privados con relaciones de dependencia clásica, sustituyéndolos por puestos precarios sin representación sindical ni empresarial. Esto supone una nueva masa de trabajadores y trabajadoras que se ven obligados a crear su propio empleo, que se vinculan a plataformas digitales sin ningún registro ni derecho que aceptan una relación no registrada o bien se la rebuscan con changas ocasionales. Este conjunto suma más de 8 millones de personas, sin contar los desocupados- estimados en 1,9 millones según el Cetyd/UNSAM.

El lado B del pacto social, que supone principalmente coordinación de precios y salarios, puede incluir un conjunto de medidas que permitan orientar políticas públicas con horizonte de trabajo. Para ello no basta con un acuerdo que recupere el ingreso de los y las asalariadas, y tampoco la extensión de programas sociales, con o sin contraprestaciones. Para lograr revertir la escalada precarizante y excluyente que encendió la gestión Cambiemos hace falta una fuerte presencia de políticas de promoción del trabajo que permitan formalizar relaciones laborales con patrón visible o encubierto, dotar de nuevas competencias laborales a jóvenes y recalificar a adultos, y sostener el empleo en áreas críticas de la economía.

En la era Cambiemos, en sintonía con el programa económico, la Secretaría de Empleo de la Nación ha reducido sus metas físicas en un 30%, dejando de manifiesto que el Gobierno bajó los brazos para sostener y ampliar el trabajo de los argentinos. Sin embargo, las prestaciones por asistencia social han crecido exponencialmente, llegando a 280.000 asistidos/as en Salario Social Complementario y 246.000 en Hacemos Futuro. Esto refleja un paradigma asistencialista sin horizonte de inclusión laboral que es funcional a un modelo económico agonizante y con 5 millones de nuevos pobres. No obstante, al existir expectativas de reactivación económica y cambio de rumbo político, un nuevo programa orientado al trabajo es ineludible.

Entonces, ¿alcanza con esperar que llegue la cobertura de los convenios colectivos para dar respuesta a los y las precarizadas? ¿Se trata de ampliar los recursos a los programas de asistencia social a desocupados que ya existen? Estos dos sistemas de encuadramiento de la población activa no terminan de dar alternativas de tránsito hacia trabajos de calidad a los más de 10 millones de argentinos que sufren problemas de empleo.

La coordinación de políticas sociales y de empleo

Es necesario mejorar la efectividad del Estado promoviendo mayores niveles de coordinación en las acciones de abordaje social de gran impacto. Por muchos años ha habido superposición de tareas respecto a las poblaciones destinatarias de acciones de asistencia social y de empleo. Esto significaba la apertura de canales de diálogo (o resolución de conflictos) superpuestos, una débil orientación hacia el trabajo de los programas sociales y una ausencia de trazabilidad de los resultados, además de la inversión pública.

Un restablecido Ministerio de Trabajo y Empleo debería compatibilizar con su par de Desarrollo Social las funciones vinculadas a la capacitación y formación, entramados productivos, programas para juventudes, empleo rural, incentivos al auto empleo y programas de asistencia a desocupados. También resulta fundamental la coordinación de apoyos a la economía popular teniendo en cuenta su crecimiento en la población económicamente activa.

Para ello se necesita una posición política que delimite funciones entre la cartera laboral y de desarrollo social, que permita establecer un criterio de intervención pública nacional para que las personas más vulnerables puedan encontrar mecanismos de reinserción ocupacional. Por otro lado, la perspectiva de valorización de los puestos de trabajo para aquellos trabajadores/as sin vinculación asalariada, que van desde cooperativas de trabajo no formales hasta el autoempleo, pone el desafío de pensar nuevas formas de intervención segmentadas por población, teniendo en cuenta los nodos productivos regionales, estratificando los incentivos fiscales y de micro crédito en perspectiva de superar el asistencialismo actual.

Por otro lado, el ejercicio de un proyecto federal y no centralista, implica involucrar formalmente a provincias y municipios, donde pueden converger distintas mesas de diálogo social entre los actores gubernamentales, sindicales, empresariales y de la economía popular. Un Estado que se piense desde la periferia siempre vehiculiza mejor las verdaderas demandas que no se dejan ver con las luces de la gran ciudad.

Las normativas y políticas públicas actuales no dan respuestas a las mutaciones que vemos surgir en el mundo del trabajo. El acuerdo social debería incluir un reconocimiento a todas las formas de trabajo, impulsando estándares de calidad y regulación con nuevos abordajes desde el Estado. Este cambio de paradigma nos invitará a soñar que todas y todos los habitantes del suelo argentinos se vuelvan a dignificar a través de su trabajo. 

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