Seguridad
Seguridad en Brasil: tristeza nao tem fim
Por Jorge Luis Vidal
Latinoamérica enfrenta un serio problema: la mezcla explosiva de policías corruptas, cárceles superpobladas y narcos con ganancias siderales.

Los recientes hechos de violencia registrados en el noreste de Brasil, particularmente las 170 muertes violentas en Ceará y la suspensión del Carnaval en 14 ciudades, deberían hacernos poner en alerta para que no suceda lo mismo en Argentina.

Si bien la violencia brutal en el vecino país no es algo nuevo, y hasta tuvo registros fílmicos como las películas "Cidade de Deus" de 2002 y "Tropa de Elite" de 2007, entre otras, es importante entender la historia de desmanejos de la política de seguridad para visualizar las consecuencias que se perciben hoy.

Una perspectiva regional

Se considera que las Bandas Criminales (BACRIM) que más muertos generan al año en América Latina, eran en primer lugar las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) junto a su compañera de camino izquierdoso del Ejercito de Liberación Nacional (ELN), y su contraparte las Autodefensas o Paramilitares (AU) que se dedicaban a cazarlos.

La Mara Salvatrucha (MS-13) en El Salvador, y en tercer lugar del bloque americano, pero primero en el Cono Sur de nuestra América, el "Primeiro Comando da Capital" (PCC) de Brasil.

Por otro lado, hay que considerar a los Carteles de la Droga Mexicanos (Sinaloa, Jalisco, Golfo, Los Z, etc.) que sin ser considerados Bandas tienen su brazo armado que se dedica a matar a diestra y siniestra sin miramientos.

Con solo leer los nombres de cada una de las organizaciones o bandas mencionadas, el lector puede inferir que lo escuchó o lo absorbió por medio de noticias escritas, web y hasta series de TV, que todas ellas tienen relación directa o tangencial con el narcotráfico. Un mal necesariamente enquistado en la operatividad e ideología de esas, que les sirve para funcionar y solventar su comercio y actividad.

El tráfico de drogas en Brasil, nuestro monstruoso vecino cercano, se estima mueve más de 5.300 millones de dólares anuales. Allí se despliega el PCC, que se encuentran en pugna, y no podía ser de otra forma cuando hay ilicitud manifiesta y negocios conexos con esas actividades delictuales, con el "Comando Vermelho" (CV).

Estas dos organizaciones luchan por el control zonal, donde marcan sus territorios comerciales a base de homicidios que llegan a habitualmente a decapitaciones y otras torturas, pero que, como buenos empresarios que son, cuando es necesario para lograr un fin económico, comparten costos logísticos para el transporte de drogas y armas de gran calibre a escala internacional.

El aumento de presos sólo extiende el problema

Según el Instituto de Investigación de Política Criminal (ICPR, por sus siglas en inglés), Brasil se encuentra en el puesto N° 26 en cuanto a la tasa de prisioneros por cada 100.000 habitantes en el mundo, con 325 presos. Argentina se encuentra en el puesto 83 a nivel mundial, con 186 presos cada 100.000 habitantes.

Justamente por las malas condiciones carcelarias, en 1979 surgió en Brasil el CV, una unión de presos y políticos profesionales encarcelados por la dictadura brasileña, para colaborar entre ellos. Sin embargo, la actividad intramuros mutó en una mecánica de asaltos a bancos, secuestros a empresarios y personalidades, para sumarse luego al negocio del narcotráfico. En 1990, el 90% de las favelas de Río de Janeiro eran controladas por el Comando Vermelho. Actúa en el este de Brasil, especialmente en los departamentos de Alto Paraná y Amambay.

El Comando pronto se profesionalizó en lo organizativo logístico y comenzó a dirigir sus acciones delictuales desde dentro de la cárcel, como lo mencionamos en el asalto a bancos y secuestros de empresarios y personalidades, pero la actividad fue decayendo para centrarse en el narcotráfico. En la década del 90, la inmensa mayoría de las favelas de Rio de Janeiro eran controladas por el Comando Vermelho.

Por su parte, el PCC comenzó como una agrupación de presos para protestar por las malas condiciones carcelarias del país, visibilizadas en la masacre de Carandiru (San Pablo), del 2 de octubre de 1992, que terminó con 111 muertos, 102 de ellos por impactos de bala, nueve por apuñalamiento, sin ninguna baja en el cuerpo policial.

El PCC ejerce su poder brindando seguridad a los presos, que pagan mensualmente protección interna, y que al salir de prisión deben pagar más, pero tienen un trabajo asegurado en el narcotráfico y como integrantes de distintas bandas y combos. En 2018, las autoridades estimaban las ganancias anuales del PCC en cientos y cientos de millones de dólares, entre las actividades ilegales y las blanqueadas por medio del lavado de dinero. Actualmente tienen presencia en el 90% de las cárceles de Brasil y sobre todo en el estado de Sao Paulo.

A simple vista observamos que ambas organizaciones criminales tienen sus "oficinas centrales" al amparo del estado brasilero, es decir desarrollan la actividad ilícita central desde el mismo lugar donde están recluidos para ser rehabilitados y poder regresar a la sociedad luego de cumplir condena. ¡Es escalofriante!

No pagan alquiler por su espacio de trabajo, tienen acceso a todas las facilidades que les da "el edificio de oficinas estatal", se les provee medios de comunicación con el exterior o en el peor de los casos se los aseguran ellos mismos, poseen un doble anillo de seguridad, el primero otorgado por los propios guardiacárceles (siendo parte o no del problema) y el segundo anillo de seguridad y custodia, el conformado por los mismos reos integrantes de esa tan bonita cooperativa de trabajo delictual.

El despliegue hacia el sur

Esta breve reseña del accionar delictivo de las BACRIM manejadas desde cárceles con total impunidad, ya sea por inoperancia del estado, por corrupción o por miedo de quienes la difícil tarea de contener y resocializar a los detenidos en las prisiones nos muestra por lo que tuvimos oportunidad de observar a partir de la detención de miembros del clan de Los Monos de Rosario, de los Cantero, etc., que aquí también esas actividades ilícitas se pueden manejar a control remoto.

Tomemos dos casos sucedidos recientemente para comprender las ramificaciones de nuestros criminales.

En octubre de 2018 se detuvo, luego de una entrega controlada, a una banda que recibía partes de armas desde Europa y Estados Unidos, y las proveía a las bandas criminales de Brasil. Se sospecha que también tenían proveedores locales, ligados a las fábricas de armamentos de nuestras fuerzas armadas. La causa es la 1.561/2018.

En agosto de 2018 un grupo ligado al PCC, los "Bala Na Cara", intentó copar la cárcel misionera de Oberá, en Misiones, para rescatar a Vanderlei Vando Lopes y a su hermano Rudinei, detenidos el 29 de diciembre de 2017 en el paraje El Soberbio, fronterizo con Brasil, con un arsenal de fusiles FAL, municiones de alto calibre y explosivos plásticos.

Al mismo tiempo, el PCC se está desplegando en Paraguay: en abril de 2017 volaron la bóveda de Prosegur en Ciudad del este, y en julio de 2019 realizaron un asalto similar en un banco de Liberación.

Y luego se sumó la policía

En Brasil, las huelgas policiales son ilegales. Sin embargo, se han repetido cíclicamente, generando una "zona liberada" que los delincuentes rápidamente aprovechan. La última de ellas, que se inició el 19 de febrero en el estado de Ceará, y concluyó el 1° de marzo.

En Ceará viven casi nueve millones de brasileños, y su grado de violencia es alto: 12 asesinatos al día. En esos días de huelga, el número se elevó a 21 por jornada. Por ello el presidente Bolsonaro, ordenó el despliegue del Ejército y de la Fuerza Nacional para patrullar las calles.

Lo paradójico es que Bolsonaro apoyó en su carrera política a distintos motines militares y policiales. Como señala Ilona Szabó en la Folha de Sao Paulo, las autoridades nunca han abordado cuestiones estructurales necesarias para profesionalizar las fuerzas de seguridad.

Y en Argentina, ¿cómo estamos? Debemos recordar que el 2 de diciembre de 2013 se inició una huelga de la policía de Córdoba, que continuó por 35 horas con violencia, saqueos y destrozos con un importante saldo de heridos y accidentados. Se calcularon pérdidas por 400 millones de pesos, y recién dos días después, el gobierno nacional envió dos mil gendarmes.

El aumento salarial del 30% logrado por los agentes cordobeses tuvo un efecto cascada en otros empleados públicos, y entre las fuerzas de seguridad de otras 20 provincias, que fueron logrando aumentos salariales. Como saldo, se pueden contabilizar 8 muertos en Tucumán, 4 en Chaco, 3 en Entre Ríos, Jujuy y Córdoba.

¿Qué hacemos para evitar que esto nos suceda?

A mediados de 2019, el propio Servicio Penitenciario Federal informó que teniendo lugares de detención para 12.235 personas, alojaba 14.404 prisioneros. Los más comprometidos eran los penales de Marcos Paz y Devoto. Como muestra Brasil, las malas condiciones pueden generar solidaridad entre los presos y que se organicen para delinquir.

Por otro lado, el contexto inflacionario y la pérdida de poder adquisitivo de la población en general, que por supuesto afecta a las fuerzas policiales, se mantendrá en este 2020. No se observa un plan para profesionalizar las fuerzas, ni vincular la capacitación con los salarios. Mientras se establece un piso mínimo para los salarios docentes que dependen de las provincias, no se hace lo mismo con las fuerzas de Seguridad.

Y a los narcos locales, que siguen operando aún encerrados, le sumamos el PCC comenzando a actuar en suelo argentino. Desde las políticas públicas de seguridad ¿Seremos espectadores cuando desplieguen su carrera criminal de sangre y dinero sucio, o accionaremos a tiempo? 

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