Economía
Estatizar Vicentin y nacionalizar el comercio exterior
Por José Castillo
Tras la decisión del Gobierno de Alberto Fernández de intervenir una de las multinacionales más grandes del país, se abre un debate de modelo económico post pandemia. ¿Vicentin es la primera empresa de muchas que se intervendrá o es solo un caso excepcional? ¿Se debe nacionalizar el comercio exterior?

Hasta que se declaró en cesación de pagos en diciembre pasado, y en concurso de acreedores en febrero de este año, Vicentin era el principal exportador de aceite (23,1% del total) y harina de soja (19,2%) del país. Se trata de un gran grupo económico nacional. Es parte de una red corporativa que incluye dieciséis firmas en el país y empresas en el exterior (Uruguay, Paraguay, Brasil y España). A todo esto, hay que sumar que es dueña, junto con la multinacional suiza Glencore, de Renova, la principal empresa de biodiésel del país.

Si bien la empresa tiene 90 años, y ya hace más de dos décadas que está entre las principales del sector, tuvo un crecimiento aún mayor durante el gobierno de Macri. Sin embargo, "extrañamente", su deuda trepó hasta 99.345 millones de pesos (1.350 millones de dólares). Si bien su principal acreedor es el Banco Nación, 18.182 millones (la deuda de Vicentin con este banco creció 264% en dos años), además de otros bancos nacionales y un gran número de empresas agrícolas, también tiene una importante deuda de Vicentin (30.153 millones de pesos) es, además, con entidades extranjeras. Así, le debe a la International Finance Corporation 16.504 millones de pesos, al Netherlandese Financering 9.228 millones de pesos y al ING Bank NV-Tokyo Branch 4.420 millones.

Un tema particular que se abre es sobre el futuro de Renova, una de las empresas más importantes del grupo. Luego de entrar en cesación de pagos, en diciembre pasado, Vicentin le cedió la mayoría accionaria de la empresa a Glencore Agriculture. La multinacional suiza, que obviamente también se benefició con los préstamos obtenidos, ahora es "socio mayoritario".

Con la expropiación de la empresa se abre el interrogante de qué pasa con la deuda de la empresa. Un primer tema es que los responsables de este endeudamiento paguen con sus patrimonios. Para esto resulta central considerar a todo el grupo Vicentin (incluyendo en particular sus empresas con domicilio en Uruguay). Y también avanzar sobre la responsabilidad de la propia multinacional Glencore. Obviamente, la expropiación del grupo debe incluir también el porcentaje de participación de esta empresa, y Glencore debe ser excluida sin indemnización alguna. Sin duda, la prioridad para cobrar cualquier deuda la deben tener los propios trabajadores, a los que se les debe garantizar sus puestos de trabajo y salarios actuales, los pequeños productores y los bancos estatales perjudicados. El resto de la deuda, con otros bancos o con entidades extranjeras (que, como vimos, incluye al propio Banco Mundial) deberá ser desconocida.

Vicentin es la mayor exportadora de capitales argentinos. En los últimos años se movió entre el cuarto y el sexto lugar de la tabla de posiciones de exportadores de granos, soja y derivados del país. Sin embargo, no debemos confundirnos. Hay "jugadores" más grandes, como las multinacionales yanquis ADM, Bunge y Cargill (Estados Unidos), la francesa Dreyfuss (Francia) y Cofco (China). Vicentin representa apenas el 9% del total de exportaciones del sector de agronegocios.

Sí es cierto que, ante su situación de virtual vaciamiento financiero y quiebra, los monopolios extranjeros se postulaban para comprarla y concentrar más aún el negocio.

Frente a todo esto, es básico plantear la expropiación de la empresa. Por supuesto que no alcanza, debe ser gestionada por sus propios trabajadores y por los pequeños productores involucrados en su operatoria. Y, como señalamos antes, debe ser sin indemnización y con una muy fuerte diferenciación de a quién se le paga lo adeudado y a quién no.

Pero, además, lo insuficiente de la medida salta a la vista frente a los discursos de que esta expropiación sería la garantía para la "soberanía alimentaria", para definir y controlar precios de alimentos, o para fijar cuánto se les paga a los pequeños productores o, más aún, en el real acceso a los dólares que ingresan por las exportaciones del agronegocio. Ninguna de estas cosas se alcanzará solamente con Vicentin, incluso si se la estatiza al ciento por ciento. Los otros grupos monopólicos seguirán con las maniobras, acopiando especulativamente sin vender, para así presionar la suba del dólar o, directamente, fugando divisas. Para terminar con todo esto es necesario sacar del negocio a todos los grupos transnacionales nacionalizando el comercio exterior. 

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